EL MAL DE ALITO Y SU CONEXIÓN CON LA PRISIÓN OFICIOSA

Ricardo Anaya, excandidato presidencial en 2018, actualmente reside fuera de México. No se ha presentado a declarar en el proceso penal que se le sigue. ¿Por qué? Dice el Presidente que debería presentarse a declarar, pues “el que nada debe nada teme”. AMLO miente. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene derecho a libertad provisional, con base en los delitos por los que se le acusa: lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y soborno (de la empresa Odebrecht). Quien es acusado por estos delitos no tiene derecho a seguir su juicio en libertad. El juez está obligado por ley a vincularlo a proceso, lo que quiere decir que tiene que seguir su juicio encarcelado, lo que puede ser alargarse años. Es lo que se conoce como prisión oficiosa.

Una vez en prisión, el acusado, que con frecuencia resulta ser inocente, no puede hacer campaña electoral, ni ejercer sus derechos políticos (Art. 38, II constitucional). El juez no tiene opción. En razón de los delitos que se le acusan, la ley dispone que debe a vincularlo a proceso, lo que implica que durante el tiempo que dure su juicio, debe permanecer en prisión.

¿Quién en su sano juicio quiere seguir su proceso en la cárcel, a sabiendas de que puede durar años? Por eso Anaya NO regresa.

Con base en ley, todo lo que necesita hacer el Presidente para meter a la cárcel a un enemigo político, es ordenar a la fiscalía, cuyo titular él designa y puede libremente remover, a que inicie proceso penal por cualquiera de los delitos que no permiten la libertad provisional, listados en el Art. 19 constitucional.  Los llamaremos: “La Lista Negra”, de los cuales sólo seleccionamos los relacionados con actos políticos o administrativos públicos: delincuencia organizada, homicidio doloso, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

La lista fue ampliada desde el inicio de la Presidencia de AMLO. Pasaron de 4 a 18 delitos, lo que constituye violación de derechos humanos por ir en contra de la presunción de inocencia. Esto permite al Ejecutivo despacharse con cuchara grande contra la oposición.

Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, evitó ser procesado por enriquecimiento ilícito y otros delitos de La Lista Negra y ser destituido como líder de la bancada del PRI en el Senado, tras negociar con AMLO y convertirse en el responsable del descalabro “temporal” de la alianza PRI/PAN/PRD  “Va por México”. Es el responsable de que el PRI votara recientemente con MORENA, a favor de la iniciativa presidencial de militarizar La Guardia Nacional.

La fórmula está en la mesa. Se llama: “EL MAL DE ALITO”, porque prefirió traicionar el pacto de la oposición, antes de decidir salir del país, arriesgar sus bienes o ser procesado penalmente por delitos por los que no tiene derecho a libertad provisional.

El Mal de ALITO consiste en que el grupo en el poder encuentre conducta sospechosa o la invente (es lo mismo), para amenazar a cualquiera con proceder en su contra mediante acción penal que ejerza la Fiscalía General de la República, con base en alguno de los delitos que obligan al juez a declarar la prisión sin derecho a libertad provisional, en tanto sigue su juicio encarcelado. Es un claro acto dictatorial, pero basado en ley. Quienes vieron la película “Presunto Culpable”, aprendieron que, al acusado, que era inocente, la policía le “inventó” ser responsable del delito de homicidio que no cometió y tuvo que permanecer en la cárcel durante su proceso de años, hasta que fue declarado inocente.

¿Qué tanto estará presente “El Mal de ALITO” en las próximas elecciones de 2024? Quienquiera que signifique un riesgo, puede ser fácilmente eliminado, inventándole un delito de La Lista Negra, independientemente de que lo haya cometido o no. Así de fácil. La fórmula El Mal de ALITO, puede ser utilizada contra otros líderes políticos, quienes hoy en dia corren el grave riesgo de ser encarcelados durante años, sin haber cometido ilícito alguno. En estas condiciones vale la pena preguntarse. ¿Qué tanta fuerza y que tan vida puede anticiparse de la alianza PRI/PAN/PRD “¿Va por México”, cuando a las primeras de cambio se dobla uno de sus tres líderes y los demás, tengan o no cola que les pisen, pueden ser fácilmente encarcelados durante años, privándolos de sus derechos políticos?

Si fueras Ricardo Anaya, ¿regresarías a México a defenderte con la justicia que actualmente está vigente en nuestro país?