FRAUDE ANTES DE LAS ELECCIONES.

Estamos frente a la hechura y aplicación, ya iniciada, de lo que posiblemente sea un gran y generalizado fraude electoral a favor del partido oficial en las elecciones de 2024, donde el objetivo es ganar la presidencia de la república, gubernaturas y la mayoría calificada en ambas cámaras del Poder Legislativo Federal, igualmente de congresos de las entidades federativas, obligados a renovarse. A lo anterior se suman gran cantidad de presidencias municipales. El paquete es inmenso y fundamental para el futuro del país.

Actualmente existe un grave problema: faltan ocho meses para las elecciones del domingo 2 de junio de 2024 y la mayoría de las personas deseosas de votar por la oposición tienen la idea de que, con votar a favor de la oposición, basta. Esperan con ansia dicho día, para castigar con su voto al cabecilla de MORENA y su séquito. Se quedan cortos. ¿Por qué?

Porque ya se han iniciado actos cuyo resultado será favorecer a un partido político, el día de las elecciones. Actos consistentes en fraude electoral anticipado. ¿De dónde provienen? Todos lo sabemos, pues el principal ejecutor y director está a ojos vista. Una mañanera tras otra: El Rey de Cash, El Rey del Micrófono Cotidiano, quien ¡no da paso sin huarache!

Quizás tú y otros ciudadanos, no se han puesto a pensar en las sanciones presentes y futuras aplicables a nuestro Presidente, protegido por el fuero de su cargo, y a otros de sus apoyadores. ¿Qué señalan nuestras leyes electorales al respecto? ¿Qué acaso no existe sanción alguna para detener a Los Siervos de la Nación, a empleados y gente contratada por MORENA y otros, para visitar casa por casa y obtener copias de las credenciales de elector, presionar al pueblo ignorante, amedrentar con retiro de apoyos económicos y alimentarios, etc.?

México tiene muchísimas leyes en materia electoral, consecuencia de nuestra historia de fraudes. Se ha querido blindar al país de un cáncer iniciado por Vicente Guerrero en 1829, cuando, apoyado por Santana, se manifestó en contra de la legítima elección presidencial a favor de Manuel Gómez Pedraza, quien tan sólo pudo permanecer en la silla presidencial tres meses. El primer Presidente de México, el admirable duranguense, Guadalupe Victoria, ha sido prácticamente el último en ser electo, sin la perpetración de un fraude electoral, hasta el 2000, cuando el Presidente Ernesto Zedillo aceptó el resultado de las elecciones contrarias al PRI. Con ello dio un paso histórico, mismo que actualmente está en riesgo, pues pocos consideran factible que, si MORENA pierde las elecciones, AMLO, se irá pacíficamente a su rancho. En su mente sólo existen dos opciones: ganar o ganar. No aceptar el resultado de las elecciones es un mal histórico nacional, que mucho le ha costado al país.

En el afán sobrehumano y entendible de quienes desean evitar fraudes electorales en el país, donde ha prevalecido, con excepción de las cuatro últimas elecciones presidenciales, mano negra e intenciones malévolas de torcer la voluntad ciudadana, se han emitido un sinnúmero de leyes y reglamentos; y establecido instituciones ejemplares como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además de lo previsto en la Constitución (principalmente en los Arts. 73, XXIX-V, 81 94.99, 102-VI, 108, 2ndo párrafo y 116), algunas de las leyes y reglamentos emitidos, actualmente vigentes, son las siguientes, las que me propongo estudiar para la próxima Hormiga, con el propósito de identificar el marco normativo relacionado con fraudes anteriores al día de la elección: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Federal de Consulta Popular, Reglamento de Elecciones, Reglamento de Fiscalización y otras.

Muchas de las leyes y reglamentos mencionados, fueron aprobados y emitidos por los partidos políticos de los cuales eran cabecillas AMLO y bastantes funcionarios públicos de la presente administración, gubernaturas y legislaturas. Fueron parcialmente sus logros y ahora pretenden no cumplirlas. 

Lo electoral es fundamental para el progreso del país. Tan es así, que la Constitución en su Art. 108, 2ndo párrafo señala:

 

Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

 

Nos vemos en la próxima Hormiga, pues lo prometido es deuda, salvo que alguien llegue a callarme, lo cual es factible, pues a mi edad y en mis condiciones, poca energía física me queda, para defenderme con el sable heredado de mi papá.

Ignacio Gómez-Palacio