LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL Y SUS RIESGOS IMPREDECIBLES
Me sucedió antes con el artero asesinato de nueve miembros de la familia Le Baron. No pude escribir mi Hormiga con normalidad. Conmocionado por el espanto de tan terrible noticia escribí sobre ello. Son hechos que no se nos pueden olvidar. Hechos que no debemos dejar pasar a la ligera. Hechos a los que no podemos acostumbrarnos.
Hoy me sucede lo mismo con el acto gravísimo y sorprendente, del pasado 5 de diciembre, en Tecoanapa, Guerrero, cuando pobladores armados secuestraron a 16 soldados enrolados en la Guardia Nacional. Los soldados fuertemente armados con metralletas doblaron las manos y permitieron que los retuvieran contra su voluntad, durante, se ha dicho, 36 horas. De nuevo, son hechos que no debemos dejar pasar a la ligera.
¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que la ciudadanía retiene a las “fuerzas del orden”, cuya razón de ser es precisamente evitar actos contrarios a la ley, como el que los soldados vivieron en carne propia en calidad de víctimas? La contestación a estas y otras preguntas relacionadas es patética: tienen la orden del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir AMLO nuestro Presidente, de contestar con “abrazos no balazos”, de lo contrario los soldados son procesados y encarcelados, pues el pueblo “que es sabio” no acepta la autoridad impuesta contra sus deseos.
Hasta aquí, el relato es grotesco y de caricatura. Lo sorprendente y fuera de serie fue el precio del rescate fijado por los secuestradores: la liberación de 10 civiles, integrantes de La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) detenidos el 12 de noviembre, bajo el cargo de portación de armas de uso exclusivo del ejército, mismos que se encuentran recluidos en el penal de Acapulco y han sido vinculados a proceso por la autoridad judicial competente. El cumplimiento de tal solicitud, violenta y rompe por mitad el estado de derecho, además de que podría haber sido contrario a la separación de poderes, en el caso de que el Gobernador estatal hubiera decidido cumplir con lo solicitado, ya que los penales se encuentran sujetos a su administración. Afortunadamente, esto último no sucedió. Se liberó a los soldados, sin que los presos fueran puestos en libertad; pero ahí queda la constancia de un cambio de mentalidad de la población que hoy decide secuestrar militares para exigir actos contrarios a la ley, lo que no ocurría hace apenas unos años.
Este cambio de mentalidad es gravísimo. Es el mismo que a la menor queja, decide cerrar carreteras y vías públicas, sin pensar siquiera que es un delito que merece cárcel. Son actos que toman su raíz en la tolerancia ilegal que se tuvo en el pasado con algunos líderes y AMLO, que mucho la pensó para tomar la iniciativa de cerrar pozos y carreteras, pero que al darse cuenta que se le permitía hacerlo sin castigo, debido a que la autoridad estaba en manos de gobiernos priistas desprestigiados, la convirtió en lo que hoy es costumbre aceptada. Como bien dijo recientemente un cierra carreteras: “Claro que no le tengo miedo a detener el tráfico. Andrés Manuel no me va a hacer nada. Él mismo me enseñó a hacerlo. Me daba $500 pesos diarios por ayudarle a cerrar El Paseo de la Reforma”. Esta mentalidad, acompañada de un Presidente que utilizó precisamente esa conducta para ganar fama nacional, hoy se acrecienta y da sus primeros pasos para convertirse en hábito: golpear, cachetear y secuestrar a la fuerza pública, que carece de un líder con la estatura moral e histórica para corregirla. AMLO podrá promover la “Cartilla Moral” que escribió nuestro admirable Alfonso Reyes, la que AMLO no endosa mas que con palabras, ya que su conducta ha violado muchísimas veces la cartilla y eso lo conoce el “pueblo sabio”. ¿Qué autoridad moral puede tener quien vez tras vez ha violado la ley y que ahora exige su cumplimiento? Por eso usa palabras como “pórtense bien o los acuso con sus mamás y con sus abuelitas”.
Hace unos días en la CDMX, tres individuos persiguieron y golpearon a un policía que les intentaba poner una multa por estacionarse en doble fila. Es ya normal que en cualquier municipio, los residentes cacheteen a soldados, marinos y guardias nacionales por intentar imponer el orden, lo que acarrea la consecuencia de que cuando reciben alguna solicitud de auxilio de la ciudadanía para acudir donde se realiza o se perpetuó un crimen, tardan horas y horas en llegar.
El fraude en el Senado, con motivo del nombramiento de la titular de La Comisión de Derechos Humanos es abominable y una tragedia cuyas consecuencias son impredecibles. La politiquería que se ha iniciado en torno al futuro del Instituto Nacional Electoral, el árbitro electoral por el que tanto hemos luchado y que constituye la piedra toral de nuestra incipiente democracia, por la vía de enmendar la Constitución y remover a su Presidente, es una pesadilla y un paso cierto hacia el abismo. Se ha llegado al extremo de que cuando se trata de dar gusto al caudillo-Presidente que hoy tenemos, se ha perdido hasta el recato de darle visos de legalidad, a actos fundamentales para la salud de la República.
¿Cómo es posible vivir en sociedad, si de manera pública, abierta, con descaro y sin recato las leyes no se cumplen? Si los funcionarios responsables colocan por encima de su obligación legal la sumisión que les permitirá continuar con cargos públicos y ascender en la carrera que se han trazado, con la jugosa ubre pegada a sus labios.
Los casos mencionados y muchos mas de una lista interminable, son tan extremos y desafortunados que es indispensable dar la alarma o se nos incendiará el país entero. Aún no vivimos con una mayoría ciudadana torcida, descarriada y pervertida que nos llevaría a un estado fallido donde la autoridad deje de serlo, la ciudadanía imponga su ley/ocurrencia de momento y el partido mayoritario siga a la ciega la línea que se les tira desde lo alto de la pirámide del poder ejecutivo; y sin embargo, hacia allá vamos.
Estamos frente a los primeros pasos de la descomposición social. Un cambio de visión y de actitud ciudadana que debe preocuparnos. Que debe ocuparnos o la sociedad continuará en el camino de la declinación y la mengua, en compañía del auto desprecio social que hoy pulula y que nos provoca desear ser gringos e irnos para allá a pesar de los increíbles riesgos y costos que conlleva. Ya son pocos los jóvenes con talento que quieren permanecer entre nosotros
Esto no sucedía hace 10 años. Démonos cuenta que la actitud del mexicano ha cambiado. Que hoy ciudadanos de a pie se atreven a secuestrar soldados y agreden a las fuerzas del orden. Que ha variado el pensamiento de los militares, los policías y sus mandos, para permitir que esto suceda.
Estas circunstancias son de insólita gravedad. A ellas hemos llegado tras décadas de corrupción e impunidad, acompañadas por la esperanza del cambio. El caos empieza a asomarse por detrás de la montaña de angustias y sufrimiento de hoy, que serán poca cosa, frente a lo que se nos avecina de no buscar con dedicación y honestidad verdaderas soluciones.
Lo anterior se acompaña de nuestro eterno rezago en la impartición de justicia, lo que echa al fuego antes mencionado, un leño bañado en gasolina. Por ello, conviene cerrar esta Hormiga con los últimos datos publicados por México Evalúa (Hallazgos 2018), sobre el sistema de justicia penal durante ese año. El reporte señala como nivel de impunidad derivado de la inefectivilidad de sistema en su conjunto: 96.1% a nivel nacional. El Estado en peores condiciones es Tamaulipas con 99.99% y el mejor calificado es Guanajuato con 87.6%. La investigadora Ana Laura Magaloni (compañera en la instauración del sistema de justicia oral y una gran jurista dedicada al tema por décadas, con una vocación ejemplar), ha indicado, en mi opinión con acierto, que el problema actual radica en las fiscalías (antes ministerios públicos), que actúan como un cuello de botella donde llega la víctima a ser re-victimizada. Mejorar las fiscalías es tarea indispensable y urgente.