LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LA QUE NO IMPORTABA

Desde antes de tener el título de licenciado en derecho en la mano, me ha llamado la atención la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cabeza del Poder Judicial, por su escasa y casi nula importancia en nuestro país, a pesar de que, conforme a nuestra Constitución, es uno de los tres poderes que integran la Unión. Ha sido el poder escondido. El irrelevante. Al que pocos le ponen atención, al grado de que los periódicos y revistas, aún no tienen a un reportero de la SCJ, alguien especializado en sus decisiones, que con cierta periodicidad las comenta, como es frecuente en otros países. Tal práctica apenas empieza a cambiar en las informaciones periódicas de institutos y universidades que cubren el área jurídica, aunque no han llegado al punto de nombrar al reportero aludido. Lo anterior, sumado a la actitud pasiva del ciudadano que poco o nada le importaba la SCJ, ha sido base nefasta para la educación ciudadana sobre la importancia de la ley y su cumplimiento. Entiéndase, el Estado de Derecho.

Debe añadirse el desinterés generalizado en la postura ideológica de quien ocupa el cargo de ministro de la SCJ. Hace un par de décadas, junto con un grupo de asistentes, analizamos más de cien sentencias emitidas por la SCJ, para clasificar a los ministros como liberales, conservadores o de postura intermedia y así poder definir que inclinación tenía la corte. El estudio se publicó en la revista La Barra, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, del que solamente recibí un comentario, eso sí muy favorable, de un sorprendido colega fiscalista. Lo anterior lo menciono para (i) resaltar la importancia que tiene el nombramiento de cada ministro, a efecto de contar con una SCJ liberal o conservadora, que debe reflejar lo requerido por los representados de los legisladores y (ii) para demostrar que aún no estamos preparados como ciudadanía para reconocer y participar en el nombramiento de un ministro. Habría que conocer, por ejemplo, la opinión de cada postulado con relación al aborto, el control de precios y la educación religiosa. Cabe añadir que actualmente en nuestro país sólo se toma en cuenta su filiación y cercanía política.

Hoy la novedad consiste es que tal conducta silenciosa y de poco interés ciudadano ha venido cambiando. Algunas sentencias de la SCJ que afectan a cierta área geográfica, sector o a la población en general, lo han causado, pero principalmente por que la ciudadanía la ha reconocido como la autoridad que detenta la decisión final. Está sucediendo que la SCJ ha empezado a salir en defensa de actos contrarios a derecho, llevados a cabo por los otros dos poderes. La noticia es excelente. En la medida que esto continúe y la SCJ actúe como el fiel de la balanza, lograremos sanear nuestra república, sujeta a un régimen representativo, democrático y federal, conforme dispone nuestra carta Magna, que no debe ser letra muerta.

El sistema presidencial no está concebido para ser tiránico ni monolítico. El presidente sólo es cabeza de un poder que no está por encima de los otros. Debe actuar como un administrador de las autoridades que cree y leyes que emita el poder legislativo, sin violar la constitución, en el entendido de que el poder judicial está para resolver los conflictos y determinar el alcance del actuar del ejecutivo. Cuando se unen dos poderes, el ejecutivo y legislativo, en razón de su mayoría en las cámaras y su lealtad partidista, el poder judicial está concebido para ser la rienda que detenga al caballo antes que se desboque, de lo contrario se rompe el equilibrio de poderes, indispensable para la vida de una república sana.

La fórmula amlista de un poder ejecutivo fuerte, apoyado por legisladores impreparados para el cargo, cuyo fin es ser aplanadora que hace lo que se le viene en gana, es un hecho previsto por nuestro régimen presidencial. Le toca al poder judicial poner el alto.

Actualmente, es verdaderamente extraño encontrar entre los diputados y senadores morenistas alguien con la capacidad y cultura necesaria para analizar las iniciativas legislativas. El alto sueldo, con el que nunca soñaron y las canonjías de sus cargos que no desean perder, provoca que actúen sólo con criterio partidista al servicio del ejecutivo, sin tomar en cuenta el perjuicio y beneficio que su actuar representa para sus representados. A esto debe añadirse que sueñan con lo que ahora es posible, la reelección, razón añadida para “portase bien”.

El presidente Zedillo, tuvo la atingencia de renovar la SCJ, pero se quedó corto. Ahora que ha aprendido, como parte de la academia donde trabaja, la importancia del Estado de Derecho (Rule of Law), sólo publicita su relevancia, desprovisto del poder necesario para hacer de ello un modus vivendi entre los mexicanos.

Lo que sucede en México hoy, hace unos cuantos años, era imposible de imaginar, cuando la SCJ no importaba. El hecho es de toral importancia. Decidirá la constitucionalidad o no, de que el INE lleve a cabo elecciones limpias y confiables, como lo ha venido haciendo desde su fundación, o ceñirse a los cambios y limitaciones del denominado Plan B en materia electoral (modificación de leyes), que la Cámara de Diputados y posiblemente la de senadores aprueben. El riesgo es mayúsculo. ¿Pasará México de ser una democracia republicana para convertirse en una tiranía o inclusive una monarquía? De ese tamaño es la responsabilidad de la SCJ, de la que ya hemos llegado a familiarizarnos hasta con el nombre de cada ministro. Ojalá actúen a la altura de las circunstancias. Como han sido llamados constitucionalmente a serlo.