¿QUÉ TAN SUPREMA ES LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA?

El llamado Plan C, es un hecho futuro de realización incierta.

El Plan, se ha venido discutiendo en diversos foros, publicaciones, redes sociales, etcétera. Su propósito es debilitar y casi extinguir al Poder Judicial, subordinándolo a un partido político y a su mandamás, el jefe y tlatoani del mismo, el hasta hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador, personaje siniestro, que, para sorpresa de todos, vez tras vez, ha impuesto sus deseos, al violar el espíritu y la letra de la ley, como acaba de suceder en el patético caso del fraude electoral que acabamos de presenciar, el pasado 2 de junio. (Ver mi anterior artículo).

La crítica ha sido y es generalizada, circunstancia que ni ve ni escuchan los ojos ciegos y la sordera del Presidente, quien insiste una y otra vez en que, el próximo septiembre, en cuanto se integre el Poder Legislativo, las bancadas mayoritarias de Morena, presentarán a consideración de ambas cámaras las reformas constitucionales insertas en el Plan C.

La desafortunada voluntad presidencial, apoyada en todo momento por la fuerza de las fuerzas armadas, (valga cacofonía para subrayar imposición), lo ha llevado a imponer sus deseos en un “caiga quien caiga”, al grado de confiar en que el Poder Judicial se autodestruya. Esto es inaudito y verdadero, pues habrá de tocarle al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidir sobre la legalidad del Plan C y aspectos relacionados con su adopción.

Nada parece detener el propósito presidencial de reducir a la república a un estado bananero, con un solo partido político y su rey, cuyo fin es constituir una monarquía no constitucional, digo monarquía, porque ya los herederos por “derecho de sangre”, han dado pasos propios de su “maravillosa condición y circunstancias”, creadas por su anciano padre en el palacio, para su beneficio, enriquecimiento y gozo.

El desconocimiento y voracidad de los nuevos aristócratas es tal, que la candidata-corcholata, mal llamada “presidenta electa”, (pues aún no ha sido ratificada por el Tribunal Federal Electoral, quien detenta la última palabra), ha dado los primeros pasos para violar la Constitución, al someter a encuestas patito, el Plan C. En efecto, el Artículo 35, VIII,3 indica. “No podrán ser objeto de consulta popular…. los principios consagrados en el artículo 40…” Este establece que es “voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República …. democrática….”. Someter el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, mediante las reformas constitucionales propuestas en el Plan C, es esencialmente antidemocrático.

¿Dentro de este embrollo, dónde está la Suprema Corte de Justicia (SCJ)?

Está, “como el chinito, nomás milando”, pues bien sabe que la SCJ es quien decidirá sobre la legalidad e interpretación de lo establecido en el Plan C y en el proceso de su adopción. En pocas palabras: ¡la SCJ decidirá sobre defender su autonomía o se inmolará, auto destruyéndose!; ¿será un caso como el símbolo del uróboro, que muestra a una serpiente comiéndose a sí misma?; ¿decidirá aceptando el despido de cientos de jueces, magistrados y hasta ministros, con experiencia y capacitación en derecho procesal y diversas áreas de las ciencias jurídicas, a ser substituidos por inexpertos, incultos en derecho, a ser electos por el pueblo maiziado, por miembros de Morena o sus partidos aliados, e incondicionales de AMLO o quien lo substituya?; ¿se seguirá el ejemplo en las diferentes entidades federativas?

Hoy, la SCJ tiene en sus manos la solución para evitar su destrucción. En tanto no se modifique la Constitución, es la autoridad facultada para interpretar la ley. Es la única y máxima autoridad competente para decidir:

1.     Como debe interpretarse “el principio de representación proporcional”, establecido en los Artículos 53 y 54 de la Constitución, relativos a la integración de ambas cámaras del Poder Legislativo Federal, así como sentar las bases a considerarse para su aplicación;

2.     Si la elección de ministros, magistrados y jueces es contraria al sistema político mexicano, pues el Artículo 49 constitucional establece “el principio de la división de poderes”, al señalar textualmente: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación…”; y

3.     Si se viola la Constitución o alguna ley con motivo de la reforma recientemente publicada, al establecer que la decisión judicial relativa a la constitucionalidad de una ley, no tiene efectos generales y solo están obligados a seguirla, las partes en conflicto.

Éstos temas reportan máxima importancia. Por ello se han mencionado. El Plan C, incluye otros temas que deben analizarse y decidirse con el cuidado y profesionalismo, al que nos tiene acostumbrados la SCJ, aunque no puede decirse lo mismo en relación a nombramientos recientes de ministros incompetentes y/o sospechosa cercanía al Ejecutivo Federal.

Ya se están integrando en la SCJ, los expedientes correspondientes a las demandas y denuncias relacionadas con los tres temas antes mencionados, los cuales en fecha próxima quedarán agendados para su resolución.

Toca ahora a la SCJ, escribir el futuro y destino del Poder Judicial en México. Cada ministro tiene en su decisión inmensa responsabilidad. Su cargo, hoy, más que nunca, demanda estudio, preparación, experiencia y valentía; el arresto y el empuje para que el pueblo entero confirme que “la ley es la ley”; el temple y la determinación que requieren los tiempos aciagos que nos ha tocado vivir.

Hago votos para que la SCJ no haya perdido la altura y mérito demostrado en el pasado inmediato. Hoy, ser ministro de la SCJ, no es cosa sencilla. Cada uno, carga a la nación en sus espaldas. Hago votos porque sepan la relevancia de sus participaciones y votos y no lo hagan al pensar en su futuro o por razones partidarias, de compromiso o amistad. La nación mexicana está pendiente, los contempla y para bien o para mal, no los olvidará.

En verdad, el Plan C, ¡es un hecho futuro de realización incierta!

Ignacio Gómez-Palacio