ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EL BERRINCHE DEL EMPERADOR

Una pregunta y su respuesta: ¿Qué son los organismos constitucionales autónomos? Son instituciones reconocidas por la Constitución, consecuencia de la complejidad de la era moderna, que no son parte de ninguno de los tres poderes (ejecutivo/legislativo/judicial), ni están subordinados a ellos. Actúan con autonomía decisoria y presupuestal, son dirigidos por profesionales expertos en cierta materia y toman decisiones de manera no partidista.

Bien puede afirmarse que existen tres poderes y medio. El medio lo representan los organismos autónomos. En general, su creación respondió a presiones ciudadanas y la necesidad de que ciertas decisiones complejas, producto de la época moderna, no se dejen en manos de políticos, que con frecuencia responden a intereses y presiones de sus partidos políticos. Como ejemplo se señala que en materias como la estabilidad monetaria (Banco de México) y la legitimidad electoral (Instituto Nacional Electoral, INE), se requiere la participación de profesionales en dichas materias.

Si el Siglo XIX se ilumina con el ejercicio de la función pública mediante los tres poderes citados, desde mediados del Siglo XX, la participación de los organismos autónomos se ha hecho presente en prácticamente todo el mundo.

Estos organismos inevitablemente le restan facultades al Poder Ejecutivo. Baste recordar que el Instituto Federal Electoral (IFE) nace en 1990, después de que “se cayó el sistema”, en la elección de 1988, cuando Carlos Salinas fue electo Presidente. Entonces, las elecciones eran administradas por la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

AMLO está considerando promover una enmienda constitucional a fin de revocar la autonomía de algunos o todos de estos organismos, lo que representa un riesgo enorme, ya que nuestro ejecutivo, alentado por su soberbia, puede decidir ad ignoramus, por capricho o corruptela.

Entre el Poder Ejecutivo y los organismos autónomos existe una relación de vasos comunicantes. En la medida en que se elimina alguno de estos organismos, en esa misma proporción aumenta el poder presidencial; y se podría agregar, se regresa al Siglo XIX. ¿Es esto lo que México y la imagen internacional del país necesitan?

Existen diferentes grados de necesidad nacional en mantener la autonomía de estos organismos. Entre aquellos cuya autonomía debe permanecer y no discutirse están el Banco de México, el INE, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En un segundo término se encuentran el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), algunos de los cuales difícilmente pueden ser tocados en cuanto a su autonomía, ya que su existencia es parte de compromisos de orden internacional.

¿Por qué AMLO desea, vía enmienda constitucional, si es necesario, eliminar a los organismos autónomos e incorporar sus facultades a alguna secretaría o dependencia del Ejecutivo? El motivo es obvio. Quiere controlarlos, ya que le restan poder. Se alega que estos organismos distorsionan la división de poderes. Es cierto, pero necesario. México no necesita una Presidencia Imperial. Sería estar sujetos a la decisión de un Supra Presidente investido de supra poderes. La época de los monarcas absolutos ha quedado atrás. Por muy hábil que sea un mandatario, no puede dominar todos los campos del saber; además, por tratarse de un político, busca beneficiar a su partido, como recientemente se ha visto, al querer oponerse al dictamen del INE de evitar sus mañaneras a partir de abril próximo, con motivo de las elecciones federales y locales de medio año, lo que puede calificarse como un berrinche presidencial, ya que el INE no puede violar la ley para beneficio presidencial. He aquí un claro encuentro de poderes ciudadanos vs. el poder presidencial.

Lo que debe evitarse es politizar los organismos autónomos, de manera que sus miembros salten de una organización a otra, ya que precisamente lo que se trata es de reunir especialistas y no políticos que le deban al Presidente o al Poder Legislativo su designación e ingresos, sin conocer a fondo la materia. Desafortunadamente, este ha sido el caso de algunos nombramientos.